La corrupción atenta contra la sociedad, el orden moral, la justicia y el desarrollo integral de los pueblos.
En el documento de investigación «Incidencia de la corrupción e inconducta funcional, 2023», la Contraloría General señala que la corrupción le costó al Perú más de 24 mil millones de soles (S/ 24,267.8 millones), lo equivalente al 12.7% del gasto público consolidado del mismo año (S/ 191,545 millones). Nuestro país pierde S/ 12.7 soles por cada S/ 100 de gasto público, cantidad que sería lo que coloquialmente se conoce como “diezmo”, lo que la corrupción se lleva.
El elevado monto de por sí preocupa, no obstante, no reflejaría la realidad o real dimensión del problema y perjuicio que causa la corrupción. La propia Contraloría señala que las cifras de su investigación son el resultado de metodologías y cálculos efectuados en base a los servicios de control y hallazgos realizado por los órganos del Sistema Nacional de Control y, entonces, surge la interrogante ¿Cuántas acciones de control realizó la Contraloría en el año 2023 y a cuántas entidades públicas auditó? o, en sentido contrario ¿A cuántas entidades públicas no realizó acciones de control?.
En el año 2023, se realizaron 328 servicios de control[1] a nivel nacional. Amazonas fue la región menos auditada con 25 servicios efectuados a 17 entidades; se ubica en el puesto 23 de 26 regiones evaluadas, solo por encima de Pasco y Madre de Dios.
Esta baja producción y servicios respecto a nuestra región induce al error, maquillando las verdaderas cifras de la corrupción. La ilusión óptica generada por Contraloría muestra a nuestra región en una ubicación privilegiada, liderando el ranking del costo de la corrupción en el puesto 26 de 26 regiones auditadas[2], en el entendido que cuanto más lejos del cero (0) se ubique, menor será la percepción o índice de corrupción. Según Contraloría somos la única región con un rango de incidencia de corrupción moderado (10% – 5%), con una pérdida de S/ 9.6 por cada S/ 100 de gasto público efectuado. En conclusión, el costo de la corrupción para Amazonas fue de S/ 287 millones en el 2023, no obstante, debemos tener en cuenta que, este monto es la cifra blanca que resulta de los 25 servicios de control efectuados a 17 entidades públicas de la región, en otras palabras, no sería tan cierto y real.
La cifra negra de la corrupción podemos calcularla en base a la cifra blanca y a las fórmulas del Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que por poco coinciden en el porcentaje de delitos no denunciados (83,3% y 84,5%, respectivamente); con ambas cifras juntas podemos calcular con mayor precisión y certeza el costo de la corrupción en el país y nuestra región.
Un estudio conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Cámara Internacional de Comercio, Transparencia Internacional, Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial, sobre la base de casos reales de corrupción, reveló que en promedio las empresas pagan en coimas un 10,9% del total del valor de las transacciones y que, en los países en desarrollo, la corrupción genera un sobrecosto a las contrataciones con el Estado en un 25%. Este método o fórmula nos parece más fiable por dos sencillas razones: por quien lo ha instituido y por la base que ha utilizado.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el monto total de las contrataciones del Estado en el año 2023 fue alrededor de S/ 88 mil millones (S/ 87 785 334 306,41), por ende, la pérdida estimada para el Perú por causa y efecto de la corrupción sería alrededor de los 22 mil millones de soles (S/ 21 946 333 576,60), se llega a este resultado aplicando la fórmula conjunta referida en los párrafos anteriores.
Para el caso específico de Amazonas, la ejecución presupuestal[3] en el año 2023 fue de S/ 2 980 785 030,00; a través de este dato, se puede estimar el costo de la corrupción para nuestra región en más de 745 millones de soles (S/ 745 196 257,50), es decir, cerca de un tercio del total del gasto público, lo cual de por si es ciertamente alarmante y preocupante. Este monto bien pudo haber sido utilizado en el cierre de brechas sociales que requieren mayor intervención del Estado y el gobierno.
En la lucha contra la corrupción, el Estado viene realizando acciones a través de la procuraduría anticorrupción con sus 37 sedes descentralizadas a nivel nacional, interviniendo en un total de 53,500 casos contados desde el año 2000 a diciembre del 2023 (cifra blanca) que, sumada a la cifra negra establecida por el INEI (84,5%) haría un total de 345,161 casos de corrupción que desangran a nuestro país.
En nuestra región, son un total de 1,155 casos de corrupción que se tiene mapeados al 2023 y en los que interviene la procuraduría anticorrupción (cifra blanca); la cifra negra sería 6,296 casos. Sumando ambas nos dan un total de 7,452 casos de corrupción, sin embargo, el grueso de estos delitos (84,5%) y los responsables de su comisión no están siendo investigados; únicamente se investiga o tiene en cuenta la punta del iceberg por así decirlo y no se está mirando la gran masa oculta. A ello se suma que de los 1,155 casos, para la procuraduría anticorrupción, solo 4 de ellos (0,35% del total) son emblemáticos, de mayor relevancia.
Respecto a la incidencia de corrupción, en Amazonas los delitos que más se cometen, que predominan, son el Peculado (495 casos; 43% del total), Colusión (250 casos; 22%) y Negociación Incompatible (161 casos; 14%), en ese orden. Y esta incidencia no es exclusiva de nuestra región, sino que se repite a nivel nacional.
Las entidades públicas regionales donde mayor corrupción se comete son las municipalidades provinciales y distritales (182 casos), el gobierno regional de Amazonas (154 casos), los organismos públicos descentralizados (87 casos), la Policía Nacional (24 casos) y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (9 casos). Cabe señalar que esta carga solo corresponde a la sede Chachapoyas de la Procuraduría Anticorrupción que agrupa a las provincias de Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Luya y Utcubamba.
La corrupción, ya sea en la región o en todo el país, opera predominantemente de tres formas (modus operandi): 1) El funcionario o servidor público con la complicidad de terceras personas, se apropia o utiliza para si u otra persona, los bienes y recursos del Estado que por razón de su cargo recibe, administra o custodia (Peculado); 2) se interesa indebidamente en provecho propio o de otro, sea de forma directa, indirecta o por simulación, por cualquier contrato u operación en que interviene en razón de su cargo (negociación incompatible); y 3) acepta, recibe o solicita donativo, promesa o cualquier otro beneficio para si u otra persona, para hacer o dejar de hacer (realizar u omitir), ya sea faltando o no a sus responsabilidades (Cohecho). No necesariamente se requiere ser funcionario o servidor público para cometer este delito, sino que puede ser cometido por cualquier persona en su modalidad de cohecho activo específico y en el ámbito de la función policial.
