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lunes, octubre 3, 2022

Defensoría del Pueblo: tras decisión de la Corte Suprema a favor de Ana Estrada, queda pendiente decidir sobre el protocolo de la eutanasia

Mañana viernes 22 de julio, a partir de las 12:30 p. m. se desarrollará la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia donde se abordará el protocolo de actuación que deberá cumplirse para que Ana Estrada pueda acceder a la eutanasia, cuando ella así lo requiera, en ejercicio de su derecho a una muerte en condiciones de dignidad.

De los cuatro votos con los que se aprobó la sentencia que reconoció los derechos de Ana Estrada el jueves pasado, el voto del presidente de la Sala difiere únicamente en el aspecto vinculado al protocolo. El magistrado ha solicitado que se incluyan una serie de requisitos adicionales; entre ellos, que la enfermedad de Ana se encuentre en “fase terminal”, o que asociaciones religiosas o espirituales opuestas a la muerte digna tengan derecho de visitarla antes de ejecutar el referido procedimiento médico.

A consideración de la Defensoría del Pueblo, los requisitos planteados por el presidente de la Sala resultan inconstitucionales y desnaturalizan el derecho de Ana Estrada a decidir libremente sobre el final de su vida. Además, podrían constituir una forma de trato cruel e inhumano, que es justamente lo que se busca evitar. La decisión de la Corte Suprema de convocar a la magistrada dirimenta, Sara Echevarría Gaviria para la audiencia de este viernes, tiene como propósito resolver las discrepancias solo en relación al protocolo.

La Defensoría del Pueblo confía en que la vocal se pronunciará a favor de contar con un protocolo estrictamente técnico y garantista de los derechos y la expresa voluntad de Ana. Tal como se planteó en la demanda de amparo, debe ser elaborado por una comisión técnica designada por EsSalud, y luego aprobada por el Ministerio de Salud. La decisión sobre los detalles técnicos del procedimiento de eutanasia no resulta, por ende, de competencia de las/los magistradas/os. En esa línea, se espera que se ratifique la propuesta de la institución de llevar a cabo un protocolo que haga viable, no que obstaculice, los derechos de Ana Estrada.

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