El presidente del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativas de la Contraloría General de la República, César Aguilar Surichaqui, señaló que el Estado ha perdido 39 millones 213 mil 835 soles a raíz de que no ha podido usar las competencias sancionadoras, luego de que se publicara la resolución que dispone que no son de aplicación las disposiciones sobre la identificación y desarrollo de la responsabilidad administrativa funcional, sujeta a la potestad sancionadora del máximo órgano de control.
Fue el miércoles 18, durante la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Edgar Alarcón Tejada (UPP). El funcionario precisó que dichos montos se iban a procesar con la Ley 30742 para el fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, pero hasta la fecha no se ha logrado establecer la medida.
Al ser consultado por el congresista Robinson Gupioc Ríos (PP) sobre las obras emblemáticas que han generado ese perjuicio económico, indicó que las sanciones que no se han podido procesar están en todo el territorio nacional. “Hay un perjuicio económico de 39 millones de soles y de 6 millones de dólares. En Lima hemos identificado 14 obras emblemáticas; en Junín, 3; en Lambayeque, 13. Los plazos debieron estar orientados a la lucha contra la corrupción”, señaló Aguilar.
Sobre el caso de presuntas irregularidades relacionadas con la concesión del Aeropuerto Internacional Chinchero del Cusco precisó que debió tener sanciones administrativas, toda vez, que el 31 de diciembre el Tribunal Constitucional devuelve a primera instancia para que se reinicie el procedimiento, sin embargo, este nunca empezó.
“Desde que se devolvió en diciembre hasta que salió la sentencia en el Tribunal Constitucional en abril, hubo varios meses de paralización injustificada, por los cuales no se reinició este proceso administrativo respecto a Chincheros”, manifestó.
Por su parte, Jorge Danós Ordóñez, docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima, precisó que la norma sobre la Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, que establece medidas para el fortalecimiento de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República y restituye la independencia técnica y funcional del Tribunal dijo que podría generar problemas competenciales.
