El viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes descartó que las políticas implementadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Decreto Legislativo 1620, permitan la privatización de los servicios de agua.
Así lo reafirmó durante su intervención ante la Comisión de Vivienda del Congreso, donde reiteró que la ministra Hania Pérez de Cuéllar ha hecho hincapié en las implicancias de este DL, y que este no busca privatizar el agua potable.
“Nuestra señora ministra ha mencionado en diferentes espacios que este decreto no busca la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento; en el caso de las concesiones, estas se mantienen como propiedad del Estado”, afirmó.
El MVCS, mediante la promulgación del Decreto Legislativo N° 1620, busca mejorar los servicios que brindan las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a la población. El DL no implica la privatización ni concesión de las EPS, sino que busca, a través de participación público-privada, construir y poner en operación infraestructura, como las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR), o Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), sin que el servicio deje ser público o deje de estar bajo la administración de las EPS.
En ese sentido, el viceministro Barrantes también resaltó que en 2023, el MVCS logró que 600 mil personas accedan a servicios de agua potable por primera vez, y otras 700 mil a saneamiento.
Asimismo, apuntó que la Ley de Acceso Universal al Agua (LAU) es una propuesta legislativa del MVCS que busca reducir la brecha de servicios básicos al corto plazo.
“El propósito es que las familias puedan, a través de propuestas no convencionales, obtener el servicio de agua potable y saneamiento, mientras se sigan construyendo las redes que van a permitir cubrir totalmente la brecha”, sostuvo.
En la víspera, la ministra Hania Pérez de Cuéllar hizo un llamado a los congresistas a aprobar la Ley de Acceso Universal al Agua Potable, que desde julio pasado se encuentra en la Comisión de Vivienda del Parlamento, ya que su aprobación contribuirá a reducir la brecha existente.
