Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios – FECOF han conseguido, entre julio y agosto de este año, que se condene a un total de 329 acusados por delitos de corrupción de funcionarios, entre ellos funcionarios y servidores públicos, así como personas particulares (extraneus) que cometieron actos delictivos en contra de la administración pública.
La fiscal superior y coordinadora nacional de las Fiscalías Anticorrupción, Elma Vergara Cabrera, detalló que estas sentencias han permitido condenar a 138 funcionarios públicos, 80 servidores y 111 extraneus, que en conjunto superan los 225 condenados registrados en el mismo periodo del año 2021.
Asimismo, informó que, como parte de las condenas obtenidas, se logró que el Poder Judicial imponga un total de S/ 12’532.793,78 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
“Estos resultados son el reflejo del esfuerzo que el equipo de las FECOF viene desplegando a nivel nacional, en las 42 fiscalías anticorrupción con las que cuenta el Ministerio Público”, manifestó.
Como parte del balance estadístico, se informó también que, tras la realización de cinco megaoperativos con el apoyo de fiscales adjuntos designados por la Coordinación Nacional, se han ejecutado 110 allanamientos en 9 regiones del país, incautando S/55 030.00 y deteniendo a 63 investigados por delitos como cohecho (coimas), peculado (uso indebido de bienes y servicios del Estado), colusión, entre otros.
Indicó que estas cifras son producto de una serie de medidas estratégicas adoptadas para optimizar la productividad fiscal, en el marco de la política de orden, firmeza y celeridad que impulsa la gestión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Dentro de los avances realizados en estos primeros dos meses de su gestión, la coordinadora nacional ha desarrollado también planes pilotos para agilizar la labor fiscal de los colaboradores de este subsistema.
Entre ellos, la conformación de un equipo de fiscales itinerantes para la descarga de casos pendientes en Ayacucho, Loreto y Ucayali, la instalación de un comité multidisciplinario de peritos y fiscales para optimizar la labor pericial en los casos de corrupción, así como un plan de mapeo y mejora de las unidades de apoyo de las FECOF.
