Comprometidos en la lucha contra la corrupción, la Sala Plena de la Corte Suprema aprobó por unanimidad la Política Antisoborno del Poder Judicial, para prevenir actos de corrupción en la entidad, reiterando de esta manera su compromiso con la integridad y responsabilidad como Poder del Estado.
La Política Antisoborno rechaza y prohíbe de manera expresa el soborno en cualquiera de sus formas, para lo cual asume compromisos en materia de prevención de riesgos sobre esta problemática, adoptando una posición de tolerancia cero ante ello.
Asimismo, la institución compromete esfuerzos para promover comportamientos éticos en los jueces y servidores del Poder Judicial e incentivar el planteamiento de inquietudes y denuncias de buena fe sobre la base de una creencia razonable que garantiza la confidencialidad y la protección ante cualquier represalia.
Otros compromisos asumidos son cumplir los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno, mejorar continuamente al respecto y cumplir con el marco legal aplicable en materia de prevención del soborno.
También, el Poder Judicial busca promover los principios de autonomía e independencia, buena fe, colaboración, confianza, excelencia, honestidad, lealtad, probidad en sus actividades funcionales, igualdad y libertad, así como los de imparcialidad, innovación, integridad, lucha contra la corrupción y responsabilidad.
Es preciso mencionar que la Política Antisoborno del Poder Judicial es establecida en consonancia y cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia de prevención de riesgos de soborno, que buscan promover una cultura de ética y transparencia, así como la lucha contra la corrupción en todas sus formas.
En ese marco, es implementado el Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América en conjunto con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y de aplicación de la Ley (SAAL).
De esa manera, el Poder Judicial ratifica su compromiso de responsabilidad a través de la promoción de una cultura ética y aumentando la confianza de las partes interesadas sobre la forma de realizar las actividades de la institución.
