La posibilidad de separar temas como la inmunidad parlamentaria, la vacancia presidencial y que las elecciones para el Senado se realicen en el 2026 entraron al debate sobre el restablecimiento de la Comisión de Constitución y Reglamento, que dirige Omar Chehade Moya (APP).
Fue la legisladora Carolina Lizárraga Houghton (PM) quien se preguntó y consultó a los miembros del grupo si este “era el mejor momento para abordar una iniciativa tan importante, que quizá desborde los alcances de nuestra representatividad”.
Señaló que no debemos olvidar que el actual es un Congreso excepcional y atípico, producto de la disolución de un Parlamento anterior y “no podemos desconocer la crisis política desatada hace poco y que generó la muerte de dos compatriotas”.
“No podemos desconocer que estamos a dos años de que la ciudadanía dijera, con contundencia, no a la bicameralidad”. Precisó que no está en desacuerdo con el tema de fondo, lo que le genera dudas, reiteró, es el momento.
“Considero que, con heridas aún abiertas, no sería pertinente aprobar esta propuesta; pero si existiera el consenso necesario de los demás grupos parlamentarios para seguir con el debate”, sugirió que esta entre en vigencia en el 2026 “o que nosotros no postulemos en el 2022”.
Otra de las propuestas sustantivas del nuevo texto sustitutorio es que el presidente de la república podría ser “acusado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de delitos dolosos contra la administración pública o el patrimonio del
Estado, cometidos antes de asumir su cargo o antes de ello”.
Este cambio se encuentra en un agregado del artículo 117, el que define, precisamente, los alcances de las acusaciones a las que puede ser pasible el presidente de la república durante su periodo, y que también ha sido modificado.
Al respecto, tanto Lizárraga Houghton como Gino Costa Santolalla hicieron precisiones y propusieron modificaciones, ya que había un término como la flagrancia, que es un concepto que debe ser dilucidado por el por el Poder Judicial e insistió en eliminar el término “capacidad moral permanente”.
Sobre la posibilidad de separar temas como la inmunidad, planteada por Carmen Omonte Durand (APP), Jim Mamani Barriga (NC) demandó el gesto de dar un paso adelante y eliminarla, “para cerrarle el paso a los corruptos”.
Un aspecto que le preocupa, indicó, es la idea de que con el restablecimiento de la bicameralidad se autorizaría una reelección camuflada, y sugiero hacer un cambio en las disposiciones finales transitorias para que entre en vigencia, no en el 2023, sino en el 2026.
Sobre el nuevo texto sustitutorio, Chehade Moya dijo que se trata de un texto bastante avanzado, que ha llevado dos meses y un poco más de debate, y ha contado con la opinión de especialistas y docentes nacionales y extranjeros; además se han recogido los diferentes aportes de los diversos congresistas para “reforzar la columna vertebral de la nueva bicameralidad”.
De inmediato detalló los aportes de algunos de los congresistas, como Carolina Lizárraga Houghton en los artículos 78, 80, 81, 91; lss contribuciones de Jim Mamani Barriga sobre la modalidad de los cambios en los directivos del Banco Centra de Reserva.
Además, tanto Carlos Almerí Veramendi (PP) como la propia Lizárraga Houghton y Costa Santolalla continuaron con la exposición de una serie de modificaciones y precisiones al texto sustitutorio entregado por Omar Chehade Moya.
El predictamen recae en los proyectos de ley 3996/2018, 4111/2018, 4227/2018, 6123/2020, 6132/2020, 6281/2020 y otros, que proponen restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú; en total son 33 PL acumulados.
