La Defensoría del Pueblo advirtió que, en los últimos meses, las cifras de la violencia contra las mujeres se han ido incrementando en relación con lo reportado durante el periodo de inmovilización social obligatoria a nivel nacional a causa del COVID-19. Ante ello, urge que el Estado, a través de las diversas instituciones competentes en la materia, articule esfuerzos para abordar las causas estructurales de este problema de manera conjunta con la sociedad.
Desde enero al 15 de marzo (previo a la declaratoria de aislamiento obligatorio), la institución registró 38 casos de feminicidios, 5 más que en el mismo periodo del año 2019. Sin embargo, desde que inició el estado de emergencia a la fecha, se han producido 94 de estos crímenes (33 dentro de la cuarentena), cifra menor a las 124 identificadas durante el mismo lapso de tiempo en el año anterior.
Así, en el 2020, la Defensoría del Pueblo advierte la ocurrencia de 132 feminicidios, 204 tentativas, de las cuales 110 se perpetraron en el estado de emergencia y 37 durante la inmovilización social obligatoria a nivel nacional. Adicionalmente a ello, se produjeron 50 muertes violentas de mujeres que aún no han sido esclarecidas.
Cabe indicar que los feminicidios ocurridos durante este año, han originado que 151 niñas, niños y adolescentes queden en situación de orfandad por el asesinato de sus madres. Respecto a ello, el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) creó este año la Unidad de Asistencia Económica para evaluar y tramitar las solicitudes para el cobro de la asignación para víctimas indirectas de este delito. En efecto, a la fecha, 383 niñas, niños, adolescentes y jóvenes han recibido este beneficio, el cual se debe seguir extendiéndose ante las posibles nuevas víctimas.
La misma tendencia se ve reflejada en los registros de atención de casos de violencia contra la mujer con los que cuenta el MIMP. Entre enero y 15 de marzo, ya se había advertido un incremento significativo de las denuncias recibidas por los Centros Emergencia Mujer (CEM): en total, sumaban 37 468, cifra superior a las 36 142 registradas en el mismo periodo del 2019.
No obstante, a partir de la declaratoria del estado de emergencia nacional, tiempo en el que muchas mujeres fueron conminadas a convivir con sus agresores, las denuncias registradas tuvieron un importante descenso por las restricciones que experimentaron las víctimas para su atención. Entre el 16 de marzo y 31 de mayo, los Equipos Itinerantes de Urgencias y el Servicio de Atención de Urgencias atendieron 4544 casos, cifra muy por debajo de las 25 274 registradas en abril y mayo del 2019. Asimismo, desde julio a noviembre último, los CEM empezaron a funcionar nuevamente y atendieron 30 215 casos, cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.
Cabe resaltar que, en octubre (14 931) y noviembre (15 152), se registra un aumento significativo con respecto a meses anteriores a medida que se han ido reabriendo y volviéndose más accesibles los servicios de acceso a justicia. Además, en comparación con el 2019, se observa ya un incremento cuantitativo de casos en estos dos meses, lo cual se condice con lo advertido durante enero, febrero y marzo, previo a la cuarentena.
La Defensoría del Pueblo hace hincapié en la necesidad de que los diversos operadores de justicia articulen esfuerzos para atender eficazmente las denuncias de violencia contra las mujeres, poniendo énfasis en la prevención de que esta escale a formas más atroces como el feminicidio. Asimismo, los esfuerzos deben apuntar a un trabajo con la sociedad para erradicar las causas estructurales que provocan la violencia basada en género, como el machismo y el sometimiento de las mujeres en su forma más extrema.
