Un Informe de Visita de Control de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia graves deficiencias en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Centro de Salud Imaza I-3, ubicado en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas. El documento, identificado como Informe N.° 028-2025-OCI/4783-SVC, advierte la existencia de situaciones adversas que afectan y podrían seguir afectando la continuidad y el resultado del servicio de salud, generando preocupación e indignación en la población.
El informe fue remitido al director ejecutivo de la Red Integrada de Salud Bagua, Roberto Carlos Sanjinez Castillo, como titular de la entidad responsable del establecimiento de salud, y está firmado por Dolores de Jesús Rimachi Cruz, jefa del Órgano de Control Institucional (OCI) del sector Salud en Amazonas.
De acuerdo con la Contraloría, tras la revisión de la documentación vinculada al proyecto de “Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Centro de Salud Imaza I-3 de la micro red de Imaza”, se identificaron dos situaciones adversas que comprometen el cumplimiento de los objetivos del mantenimiento, el uso adecuado de los recursos públicos y, sobre todo, la calidad y seguridad de la atención médica que recibe la población.
Aunque el informe no detalla públicamente el contenido técnico de cada observación, el órgano de control advierte que estas deficiencias podrían afectar directamente el funcionamiento del establecimiento, en una zona donde el centro de salud es, para muchas comunidades, la única alternativa de atención médica.
Ante esta situación, la Contraloría ha requerido al director de la Red de Salud Bagua que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, informe sobre las acciones preventivas y correctivas adoptadas o por adoptar, sustentando documentalmente las medidas para corregir las fallas detectadas.
El caso genera rechazo ciudadano, ya que las deficiencias en el mantenimiento de un centro de salud no son simples errores administrativos, sino hechos que ponen en riesgo la salud y la vida de la población, especialmente en zonas alejadas como Imaza, donde el acceso a servicios médicos es limitado.
La población espera que las autoridades del sector Salud asuman responsabilidades, corrijan de inmediato las observaciones y garanticen que los recursos públicos destinados al mantenimiento de los establecimientos de salud no se traduzcan en obras deficientes, sino en servicios dignos y seguros para todos.
