La gestión pública en el Perú suele medirse bajo la fría lupa de las estadísticas financieras, donde un número alto en el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas se vende como sinónimo de eficiencia y compromiso. Sin embargo, el caso del Gobierno Regional de Amazonas (GRA) durante el año 2025 representa una de las paradojas más dolorosas y cínicas de nuestra administración subnacional. Mientras las autoridades celebran haber alcanzado un histórico 99.4 % de ejecución presupuestal, situándose en el primer lugar a nivel nacional en este indicador, la región se desangra en indicadores sociales que la sitúan en el foso de la competitividad. Este análisis no busca solo cuestionar una cifra, sino desentrañar una verdad incómoda: Amazonas gasta mucho, pero invierte poco; ejecuta millones, pero no cierra brechas.
EL ESPEJISMO DEL 99.4 %: ¿EN QUÉ SE GASTÓ REALMENTE LOS MÁS DE S/ 1,600 MILLONES?
Para cualquier ciudadano, ver que el Gobierno Regional de Amazonas ha ejecutado casi la totalidad de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) —que ascendió a la imponente cifra de S/ 1,647,141,076 en el 2025— sugeriría una región en pleno proceso de transformación y desarrollo. No obstante, al analizar la estructura de este gasto, el optimismo se desvanece para dar paso a la indignación técnica. La realidad es que la mayor cantidad de los recursos no se destina a obras que cambien la matriz productiva o social, sino a mantener la pesada y, a veces, ineficiente maquinaria burocrática del Estado. Una vez más se pretende maquillar la ineficiencia e incapacidad de la gestión vendiéndonos humo e ilusiones.
Según el reporte de gasto por genérica, la partida de Personal y Obligaciones Sociales (pago de planillas y sueldos) consumió la astronómica suma de más de S/ 1000 millones de soles (S/ 1,001,688,086), lo que representa la mayor parte del presupuesto devengado. A esto se suman más de S/ 132 millones en Bienes y Servicios. La consejera regional Katia Medina, en una entrevista brindada a un medio local, ha sido enfática al denunciar que cerca del 70 % del presupuesto se destina a gasto corriente, que incluye planillas, servicios, locaciones y viáticos, en lugar de inversión pública real.
Lo que las cifras oficiales llaman «éxito» es, en la práctica, una «atomización de proyectos»: la formulación de múltiples obras pequeñas de escaso impacto social que sirven para inflar los números de ejecución financiera, pero que aumentan los costos administrativos y no resuelven los problemas estructurales. En Amazonas, ejecutar el presupuesto se ha vuelto un fin en sí mismo, un ejercicio de contabilidad para evitar la reversión de fondos, olvidando que el objetivo último de la gestión es elevar el bienestar de sus ciudadanos.
El contraste más severo entre la alta ejecución presupuestal y la realidad social se encuentra en los sectores de Salud y Educación, ambos catalogados técnicamente en «cuidados intensivos (UCI)». La reciente edición del Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2025 sitúa a Amazonas en el puesto 22 de 25 regiones, con un puntaje crítico de 4.3 sobre 10.
En el pilar de Salud, la región ocupa la penúltima posición a nivel nacional (puesto 24), marcando su posición histórica más baja. Los indicadores son lapidarios:
1. Embarazo adolescente: Amazonas ostenta la mayor incidencia del país; el 25 % de las jóvenes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas, lo que triplica el promedio nacional.
2. Anemia infantil: Lejos de reducirse, la anemia en niños ha aumentado del 45 % al 46 %, superando ampliamente el promedio nacional del 35.3 %.
3. Desnutrición crónica: La región se mantiene estancada en el puesto 23, evidenciando una pasividad alarmante de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y del Gobierno Regional en la implementación de planes eficaces.
En Educación, el panorama es igualmente desolador, ocupando el puesto 23 por sexto año consecutivo. El fracaso educativo se manifiesta en una brecha digital insalvable: solo el 24.2 % de las escuelas cuenta con acceso a internet, una cifra que incluso disminuyó respecto al año anterior. Además, en las zonas rurales, solo el 22 % de los colegios cuenta con los tres servicios básicos (electricidad, agua y desagüe).
¿Cómo es posible que con una ejecución del 99.4 % no se haya priorizado la conectividad en las escuelas o la lucha frontal contra la anemia? La respuesta reside en una gestión pública deficiente que no prioriza la vida ni el futuro, y que ha permitido que sectores críticos se mantengan en abandono a pesar de tener recursos asignados.
Aunque el rubro de Adquisición de Activos No Financieros, destinado a la inversión pública, ejecutó S/ 461 646 268,00, las obras de gran impacto brillan por su ausencia o su estancamiento. La historia de Amazonas en las últimas tres décadas es la de una incapacidad sistémica para ejecutar proyectos de inversión pública que realmente transformen la región. En Rodríguez de Mendoza recientemente celebraron con payazos y piñata incluido los cinco años del aun en construcción “Hospital María Auxiliadora”, obra que debió entregarse en el año 2023, pero que van ya cinco años sin que se concluya, pese a las asignaciones adicionales de millonarios presupuestos.
El sector transporte es un ejemplo de esta inoperancia. Las carreteras de las provincias y distritos se mantienen en condiciones deplorables, muchas de ellas solo afirmadas, lo que constituye un freno al desarrollo; es más, las malas condiciones de las vías han ocasionado decenas de accidentes de tránsito con consecuencias fatales ante la inacción e incapacidad de nuestras autoridades. Paradójicamente, el mantenimiento periódico de estas vías se ha señalado como un «muy buen negocio» para ciertos empresarios, pero no para los ciudadanos que sufren la falta de conectividad.
Casos emblemáticos refuerzan esta crítica. El Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba, bajo convenio con la UNOPS, recibió transferencias por más de S/ 116 millones en 2025, pero la población denuncia que «no hay ni una pared levantada». Lo mismo ocurre con la denominada «carretera de los santos», valorizada en más de S/ 146 millones, la cual presenta un avance físico mínimo mientras se priorizan inversiones de alto costo en zonas con menor urgencia social. Incluso en servicios básicos, la realidad es dantesca: Chachapoyas, Bagua y Rodríguez de Mendoza sufren frecuentemente por falta de agua potable, especialmente en épocas de estiaje (sequía), en esta última provincia, un informe de Contraloría dio cuenta de restos fecales en el agua que consume la población.
INCAPACIDAD TÉCNICA Y EL PESO DE LA MALA GESTIÓN
Uno de los diagnósticos más certeros sobre este estancamiento apunta a la calidad de los cuadros técnicos en el GRA. Se ha advertido que el 70 % de los gerentes regionales no cumplía con el perfil técnico adecuado para sus cargos, lo que condenó a la gestión al estancamiento desde sus inicios.
La falta de capacidad técnica tiene consecuencias directas: si no se presentan expedientes técnicos de calidad y bien elaborados ante los ministerios correspondientes, no se logran atraer nuevas inversiones nacionales. Un gobernador regional puede tener presencia política, pero sin un equipo técnico sólido, no se trae un solo sol adicional del Gobierno Central para el desarrollo regional.
A esto se suma la indignación por el uso de los recursos de fiscalización. En 2025, el Consejo Regional gastó aproximadamente S/ 260 mil a S/ 270 mil en viáticos, un gasto que la ciudadanía cuestiona al no ver resultados concretos que lo justifiquen. Como bien se ha afirmado desde el propio consejo, un viático sin resultados es una defraudación, una estafa, al Estado.
¿CELEBRACIÓN O PREOCUPACIÓN? UN LLAMADO AL CONTROL SOCIAL
Llegados a este punto, la pregunta es obligatoria: ¿Debería el pueblo amazonense celebrar ese 99.4 % de ejecución? La respuesta, basada en la evidencia social, es un rotundo NO. Esta cifra no es un triunfo de la eficiencia, sino un espejismo estadístico que oculta el fracaso en la gestión y el cierre de brechas sociales.
Esta contradicción debería encender todas las alarmas en las provincias de Amazonas. La baja competitividad, la anemia creciente y el colapso educativo son síntomas de que los recursos públicos no están llegando a quienes más lo necesitan. El informe del INCORE 2025 no debe ser solo un dato técnico, sino un latigazo para que el pueblo despierte, exija rendición de cuentas y, estando próximo a los comicios donde elegiremos a nuevas autoridades regionales y municipales, sirva para un voto responsable, informado y elegir al mejor candidato, con el mejor equipo técnico y plan de gobierno. Es preocupante la proliferación de candidatos novicios, inéditos y sin méritos, secundados por conocidos dinosaurios políticos, algunos de ellos pretenden enquistar su dinastía con la consecuente continuidad del fracaso. En esta época electoral cobra mayor vigencia aquellas frases célebres: «Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla» y «cada pueblo tiene el gobierno que se merece», que reflejan la idea de que los ciudadanos son responsables de sus gobernantes, lo que implica que la calidad de gobierno es un reflejo del nivel de participación, madurez política y decisiones de nuestra gente.
Es urgente que la sociedad civil empiece a ejercer su derecho a fiscalizar y controlar el gasto público de manera proactiva, y a exigir de nuestras autoridades un gasto responsable con rendición de cuentas transparentes. Es la única opción eficaz para que Amazonas despegue y resurja del subdesarrollo en el que se encuentra sumido. No se puede permitir que la gestión pública siga siendo una maquinaria de gasto corriente sin impacto en la calidad de vida. La mejora de Amazonas depende de un cambio radical en la voluntad política y en una selección meritocrática de funcionarios que lideren equipos de trabajo competentes.
Amazonas se encuentra en una encrucijada histórica. Seguir aplaudiendo porcentajes de ejecución presupuestal que solo alimentan planillas y burocracia es condenar a la región a seguir viendo pasar el tren del desarrollo desde la última estación. La gestión actual, según las voces críticas y los datos de competitividad, no ha cumplido con las expectativas mínimas de un plan de desarrollo regional serio.
La fiscalización no es solo labor de los consejeros; es un deber constitucional de cada ciudadano exigir que cada sol ejecutado se traduzca en un hospital, una escuela con internet, en un niño sin anemia o en una carretera que realmente conecte a los productores con el mercado. De lo contrario, el 99.4 % seguirá siendo solo un número frío en una región que clama por calor humano y obras de verdad.
