El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N.° 003-2026 para garantizar la continuidad operativa de Petroperú y asegurar el abastecimiento de combustibles en el país frente al complejo contexto internacional y financiero.
La norma establece un nuevo modelo de financiamiento que, por primera vez, no utilizará recursos del Tesoro Público ni impuestos de los peruanos, sino una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones proveniente de la banca privada internacional bajo supervisión técnica de ProInversión.
Según explicó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, el esquema contempla un mecanismo de administración supervisada y un “escudo financiero” que permitirá separar los nuevos recursos de las deudas históricas de Petroperú.
Además, el Ministerio de Energía y Minas podrá asumir compromisos contingentes de corto plazo por hasta US$ 500 millones para garantizar la operación inmediata de la empresa estatal.
El Ejecutivo precisó que la reorganización de Petroperú no implica su privatización y busca fortalecer su sostenibilidad financiera y capacidad operativa en el mediano plazo.
